La violencia en el Instituto Superior de Comercio (Insuco) sumó un nuevo hecho de profunda preocupación este viernes, cuando dos estudiantes de dicho establecimiento educacional manipularon una pistola en el paradero de micros de calle Chiloé, entre Mejicana e Ignacio Carrera Pinto, apenas minutos después de la salida de clases. La escena, presenciada por otros alumnos y transeúntes, circuló rápidamente entre la comunidad escolar y en redes sociales, generando temor e indignación.

El episodio se produjo en una jornada ya marcada por la tensión: durante el horario de almuerzo de este jueves recién pasado, tres riñas casi simultáneas entre alumnas de distintos niveles -desde séptimo básico hasta cuarto medio- dejaron a tres estudiantes con lesiones leves. Según sostienen los apoderados, no se trató de incidentes excepcionales, sino de una cadena de hechos que se han repetido durante todo el mes, configurando lo que denominan “una ola de violencia incrustada en el establecimiento”.

El porte de la supuesta arma de fuego en manos de una niña fue el detonante para que el Centro General de Padres y Apoderados ingresara una denuncia formal contra la dirección del Insuco ante el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. En su escrito, acusan que, pese a las reiteradas solicitudes de reunión, no han obtenido respuesta de la directora. Señalan que los correos electrónicos, las gestiones presenciales y las solicitudes formales han sido ignoradas.

En el documento, los apoderados también denuncian que la directora ha permitido que una apoderada asuma de forma unilateral el rol del Centro de Padres, desplazando a la directiva legítima y generando divisiones internas. Para ellos, este conflicto ha absorbido tiempo y energía que debería destinarse a enfrentar los problemas de violencia y seguridad. “No quedando conforme y siguiendo con el maltrato por las redes sociales del establecimiento, buscando la aprobación constante para posicionar a la apoderada que ella apadrina, en un cargo que no le corresponde”, subraya el reclamo.

El malestar ha llegado a un punto crítico. Los apoderados afirman que la dirección “minimiza” los hechos y que, en vez de actuar de forma inmediata para proteger a los estudiantes, ha restado importancia a las denuncias. 

En todo caso, Carabineros descartó que se tratara de un arma de fuego, siendo una pistola de juguete, pero muy similar a una real.

Protestas en preparación

La gravedad del episodio con el arma y la acumulación de peleas han llevado a los padres a coordinar manifestaciones públicas. Según anunciaron, estas acciones buscarán visibilizar la falta de respuesta de la dirección y presionar a las autoridades educativas para que intervengan de forma directa. El Centro de Padres sostiene que ya no basta con reuniones pendientes: “Este reclamo es formal y solicitamos que tomen cartas en el asunto y nos den una respuesta como corresponde de una vez. No estamos dispuestos a seguir esperando mientras nuestros hijos se exponen a estos riesgos”.

Para los apoderados, la presencia de una pistola en manos de una estudiante es una señal inequívoca de que la seguridad está comprometida y de que las medidas adoptadas hasta ahora, si es que las hay, han sido insuficientes. La exigencia es clara: una intervención inmediata antes de que la violencia cobre un costo mayor.

Exigen medidas concretas
Docentes llaman a familias y autoridades a actuar
con urgencia ante aumento de la violencia escolar

La violencia y los riesgos que se han registrado en establecimientos educacionales de Punta Arenas motivaron un llamado conjunto y urgente de dos gremios docentes de la región: el Sindicato de Profesores de Magallanes (Sintred) y el Colegio de Profesores de Magallanes A.G.

Ambas organizaciones expresaron su profunda preocupación ante la escalada de incidentes que comprometen la seguridad y el bienestar de estudiantes y comunidades escolares, alertando sobre la insuficiencia de las medidas actuales para enfrentar la crisis de convivencia escolar.

Desde Sintred, su directorio rechazó categóricamente toda forma de violencia como método para resolver conflictos y subrayó que “la educación es una responsabilidad compartida: comienza en el hogar, se fortalece en la escuela y se sostiene en la sociedad. Sin una alianza efectiva entre familias, equipos educativos, autoridades y comunidad, ningún esfuerzo educativo será suficiente”. 

La organización también hizo hincapié en la necesidad de mejorar los protocolos de resguardo y supervisión, ya que han ocurrido situaciones como salidas no autorizadas de estudiantes que ponen en riesgo su seguridad.

En tanto, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante Vargas, planteó que los recientes hechos violentos en dos liceos en Punta Arenas reflejan una crisis profunda. “Lo que está ocurriendo no puede seguir siendo abordado con medidas reactivas ni indiferencia institucional. Nuestros jóvenes están gritando con hechos lo que muchos no han querido oír: hay una crisis de convivencia escolar, emocional y social que debemos enfrentar con decisión, unidad y compromiso”, afirmó.

Aguilante hizo un llamado a reforzar los equipos de convivencia, salud mental y orientación en los establecimientos educacionales, además de capacitar a docentes y asistentes en estrategias efectivas para el abordaje de conflictos. Insistió en la necesidad de escuchar a los estudiantes “sin criminalizarlos, pero tampoco normalizando estas conductas”, y destacó que la violencia no puede seguir siendo minimizada ni tratada con recursos insuficientes.

Ambos dirigentes coincidieron en que la escuela debe ser un espacio seguro, respetuoso y protector para todos, y que la prevención de la violencia escolar requiere un trabajo conjunto entre autoridades, equipos educativos, familias y la comunidad en general. Asimismo, hicieron un llamado al Servicio Local de Educación Pública, al Ministerio de Educación y a las autoridades regionales y locales a anticiparse a estos hechos y establecer lineamientos claros y efectivos para garantizar entornos seguros y estructurados.

La situación afecta además la labor de los docentes, quienes enfrentan condiciones complejas y una carga emocional creciente. Por eso, los gremios insistieron en la necesidad de valorar y proteger el rol formativo y social que cumple el profesorado.

El llamado de Sintred y del Colegio de Profesores es unánime: es urgente actuar con políticas reales, sostenidas en el tiempo y con recursos adecuados, antes de que ocurran nuevos episodios lamentables que dañen a las comunidades educativas de Magallanes.