Era la hora de almuerzo del lunes 16 de marzo cuando Guillermina Carrasco, trabajadora social del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, escuchó gritos desde la biblioteca. Al llegar, encontró a un alumno inmovilizado en el suelo, siendo golpeado e intentado ser ahorcado por otro estudiante. Su colega solicitaba auxilio porque no podía controlarlo sola. Carrasco intentó intervenir.

“Trato de conversar con el agresor, le digo ‘cálmate, vamos a mi oficina’ y me dice no y no, el cual estaba totalmente fuera de sus límites de ira”, relató en un documento de denuncia enviado a La Prensa Austral. “En un momento se da cuenta que estoy hablándole y me propina un puñete en la cabeza, y luego me amenaza de muerte señalando que lo hará fuera del liceo y que para hacerlo tiene personas”.

No había inspectores hombres en el lugar. Sólo estaban Carrasco, su colega y los alumnos involucrados.
No era la primera vez. Según consigna en su denuncia, el mismo estudiante ya había protagonizado un episodio de violencia anterior al interior del liceo, gatillado, como relata, porque “lo miraron mal”. El antecedente refuerza una de las exigencias centrales de la funcionaria: que el establecimiento debió haber activado protocolos preventivos con anterioridad y que la gravedad del hecho del 16 de marzo no puede evaluarse de forma aislada.

Las marcas y el reposo

Al día siguiente, ambas funcionarias debieron concurrir a la Mutual. A la colega de Carrasco le detectaron un hematoma. A ella, dado que tiene una enfermedad neurológica de base, su médico le ordenó un Tac y resonancias magnéticas con y sin contraste. Los resultados fueron reveladores: “Una de las personas al finalizar los estudios me consulta si el estudiante agresor andaba con manoplas o anillos, ya que aparecen dedos y marcas”, consignó en su denuncia.

Hoy la víctima se encuentra con reposo médico absoluto. “No me he apersonado ya que estoy con reposo médico en donde no me puedo mover, sólo para ir al baño, debido a que pierdo el equilibrio”, escribió. Recibe además atención psiquiátrica y cinco sesiones psicológicas a través de la Mutual.

La respuesta del liceo

La reacción del establecimiento es el centro de la denuncia. El alumno agresor fue sancionado con cinco días de suspensión y, según Carrasco, estaría retomando clases este martes. Ninguna otra medida fue adoptada.

“A mi empleador le dio exactamente igual el golpe que me propinaron en la cabeza, las amenazas de muerte y el cumplimiento de los protocolos, actuando como quiso”, señaló en el documento. La funcionaria también denunció que la derivación a constatar lesiones no ocurrió de forma espontánea: debió enviar un correo preguntando si las llevarían, que no fue respondido, hasta que el inspector finalmente las trasladó.

Carrasco exige formalmente al director del liceo, Jorge Paredes, la activación inmediata de la Ley N°21.128 -Ley Aula Segura- , que obliga a los establecimientos a iniciar procedimientos sancionatorios ante conductas graves que incluyan violencia física y amenazas de muerte, pudiendo llegar hasta la expulsión o cancelación de matrícula. También invoca la Ley Karin, que obliga al empleador a adoptar medidas inmediatas de protección ante situaciones que afecten la integridad de los trabajadores.

La denuncia fue presentada ante Carabineros y derivada al Ministerio Público. En caso de no recibir respuesta institucional, la trabajadora social advierte que recurrirá a la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Educación y los tribunales.

La Prensa Austral intentó contactar al Liceo Industrial y al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes para obtener su versión. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.