• José Luis Mallada:  “Si uno empieza a sacar las cuentas, mejor cierro la lechería”.

El martes, cuando bajaban a vigilar a sus animales, José Luis Mallada y su hijo sorprendieron a un grupo de perros atacando a sus terneros en su predio de Villa Generosa, al surponiente de Punta Arenas. Alcanzaron a espantarlos, pero dos terneros quedaron con las orejas desgarradas. Fue el último de una serie de ataques que, según el productor, amenaza la continuidad de su lechería. “Si uno empieza a sacar las cuentas, mejor cierro la lechería y me dedico a otra cosa”, afirmó.

Mallada, usuario de Indap y parte de la cuarta generación de una familia lechera, produce quesos en la Granja La Asturiana. El año pasado, los perros le mataron unos 20 terneros recién nacidos y otros cuatro o cinco animales de más de un año. En la temporada de partos que recién comienza, ya suma cinco terneros muertos. “Los matan nomás por diversión”, admitió. “Cuando te matan 20, 25 animales, no solamente se pierde el ternero que matan los perros, se pierde la producción”.

El productor descartó que se trate de perros asilvestrados. “Acá son perros de la ciudad”, sostuvo, y aseguró que muchos llevan collar: según relató, ha visto a vecinos abrirles el portón en la mañana y dejarlos sueltos todo el día. Para proteger a los terneros, la familia adelantó el traslado de los animales a los campos de verano, donde el pasto todavía no crece, lo que, dijo, “me significa un gasto extra”.

Su vecino Carlos Cárdenas, que también cría animales en el sector, contó que este año los perros le han matado seis terneros. “Antiguamente uno ponía las vacas y quedaban ahí los terneros, se criaban bonito, pero ahora no”.

Según las estimaciones entregadas por la secretaría regional ministerial de Agricultura, las pérdidas valorizadas por estos ataques para el caso de Mallada ascienden a los 16 millones de pesos, teniendo en cuenta la leche de la temporada y cada animal muerto. Para el caso de Cárdenas, sería de tres millones y medio.

“Tiene consecuencias”

El caso fue expuesto este jueves en un punto de prensa en el predio, convocado por la seremi de Agricultura junto al Sag e Indap. “Dejar los perros libres, dejar los perros que deambulen por la calle, tiene consecuencias”, afirmó el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada. Recordó que la Ley de Tenencia Responsable considera abandono tener perros sueltos en la calle, una conducta que puede ser castigada con cárcel, aunque precisó que la fiscalización y las multas corresponden a los municipios y a los Juzgados de Policía Local, no a su cartera.

El seremi planteó que, además de hacer cumplir la ley, se necesitan “correcciones” que entreguen herramientas de control para los casos que ya no son controlables. “Si no, vamos a terminar con la ganadería, vamos a terminar con todos los pequeños productores”, advirtió.

En la misma línea, el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, Gustavo Stanton-Yonge, llamó a los ganaderos a denunciar los ataques, porque “sin denuncias no se manifiesta la gravedad de lo que está ocurriendo”. El último ataque al predio de Mallada fue denunciado ante el Sag y también será informado a Carabineros, para que, si se logra identificar a los dueños de los perros, respondan por los daños.

Desde Indap advirtieron que los ataques afectan la inversión estatal en incentivos para la producción lechera y quesera, y que con ellos se va perdiendo “algo tan arraigado que era la lechería acá en Magallanes”.

El problema no se limita a la periferia de la ciudad. En Tierra del Fuego, cuatro ganaderos recurrieron a la justicia por los ataques de jaurías. En agosto, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso y señaló que la situación “requiere la generación de una política o programa público coordinado”. Según cifras del Sag citadas en esa causa, entre 2012 y 2025 se registraron cerca de 4.950 animales muertos o heridos por ataques de carnívoros, más del 80% atribuidos a perros asilvestrados.

Cámara de Diputados

Comisión de Agricultura aprueba proyecto que permite cazar perros asilvestrados

En agosto pasado, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó en general, el proyecto que busca establecer nuevas medidas para el control de perros ferales o asilvestrados, una iniciativa que incorpora disposiciones relacionadas directamente con la protección del ganado y la fauna silvestre.

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que quienes den muerte a un perro asilvestrado no incurrirán en el delito de maltrato animal cuando la acción se realice “en defensa propia, de un tercero o del ganado, frente al ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales”.

La iniciativa también contempla que los propietarios de animales de producción puedan implementar medidas especiales de control y prevención, entre ellas sistemas de captura.

Para poner en marcha estos mecanismos se requeriría una denuncia previa, acompañada de antecedentes que permitan acreditar los daños ocasionados por los perros. El proyecto considera como medios de prueba los registros fotográficos o audiovisuales, informes veterinarios u otros antecedentes que permitan respaldar la situación denunciada.

La propuesta establece un procedimiento previo para quienes busquen aplicar sistemas de captura como parte de las medidas de control sobre estos animales.

Otra de las materias incluidas en la iniciativa es una definición legal de perro asilvestrado o feral. El cual plantea considerar como tal al animal que no tiene un dueño o poseedor conocido e identificable y que, al no relacionarse con las personas, se ha convertido en un peligro para las personas, la fauna local o la salud pública.

A esto se suma otra iniciativa, correspondiente al boletín 18400-01, que también plantea exceptuar del delito de maltrato animal a quienes den muerte a perros asilvestrados cuando la acción tenga como finalidad proteger la salud pública, la seguridad de las personas, la conservación de la biodiversidad y fauna silvestre nativa o la propiedad privada.

La aprobación en general abre una nueva etapa en la discusión legislativa sobre el control de perros ferales, particularmente por sus efectos sobre el ganado y la fauna. El proyecto deberá continuar su tramitación en el Congreso antes de que puedan definirse sus alcances finales y las condiciones bajo las cuales se permitiría este tipo de control (Fuente: Reporte Agrícola).