Jazmín tiene 16 años y esta semana volvió a sentarse frente a un tribunal. No como víctima, aunque lo fue y bajo cuidado del Estado, sino como acusada. La Fiscalía pide para ella cinco años de encierro por el incendio de la residencia de protección donde vivía, la misma en la que, meses antes, había sido víctima de explotación sexual. “En ese lugar vivió situaciones de vulneración de derechos graves que no había vivido jamás en su vida”, cuenta con dolor su madre, Camila.

La defensa del caso donde figura como imputada la asumió Sebastián González, exfiscal jefe de Punta Arenas, hoy abogado particular, que anuncia que irá a juicio a probar su inocencia. En la audiencia de esta semana tomó la causa formalmente y fijaron preparación de juicio oral para el 16 de septiembre, con pocas posibilidades de llegar a acuerdo con Fiscalía. “Ella fue víctima dentro de una residencia, presenció un incendio, violencia y ahora, nuevamente, se le somete a un proceso penal”, explica González.

El caso es seguido por El Magallanes cerca de un año, en contacto con la familia, cuyos nombres fueron cambiados para este reportaje. Durante este tiempo se han revisado decenas de informes, cartas, solicitudes de traslado y distintas etapas procesales que han tenido que enfrentar tanto en calidad de víctima como imputada. Además se recabaron informaciones sobre el tema con jueces, fiscales, servicios públicos y autoridades políticas. Actualmente el caso está bajo revisión de la Contraloría, la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos.

Ingreso por orden verbal

La adolescente Jazmín ingresó al sistema de protección por orden judicial en marzo de 2025, después de que su madre buscara ayuda para una crisis de salud mental y consumo. Por ese entonces solía escaparse de casa para juntarse a consumir drogas, alcohol y pastillas con amigos, lo que devenía en denuncias por presunta desgracia que Camila dejó de contar con los dedos de una mano.

Luego de haberse escapado y regresado con síntomas de consumo, su madre buscó asistencia con el hospital, para internarla y rehabilitarla del consumo dañino. La especialista del área de psiquiatría, Dra. García, le dijo que no cumplía con el perfil de hospitalización y tomó nota de que la niña señaló no querer vivir con su madre. Estableció contacto con el juez de turno, magistrado Pablo Hernández Neira, quien preguntó si otro familiar la podía recibir en ese momento además de su madre. Ante la negativa, “en vez de mandarla a mi casa, la manda a la residencia”, cuenta Camila, ingresando a la Residencia Familiar de Adolescencia Temprana (RFAT).

Los meses siguientes, según consta en informes de distintos dispositivos de salud, su cuadro se agravó: policonsumo de sustancias, fugas, exposición a redes de explotación. Al mes de su ingreso, la propia residencia informó que Jazmín “no cumple perfil residencial” y solicitó su egreso, otorgando el Tribunal de Familia un “pre-egreso” de 3 meses.

En junio de 2025, mientras estaba bajo custodia estatal, fue víctima de un delito de connotación sexual que derivó en una investigación penal en la que ella es la víctima y donde al menos uno de los autores se encuentra en prisión preventiva. Según su madre, fue en la residencia donde aprendió el mecanismo: contacto e intercambio por Grindr, juntarse en plazas y escaparse de la residencia. Incluso describe personajes que le daban droga y las “conectaba con hombres”, lo que denunció en su momento ante la Policía de Investigaciones.

El día 2 de septiembre, aún en “pre-egreso”, Jazmín se volvió a escapar para consumir. Pidió al director de la residencia, Christian Vásquez Cicarelli, quedarse ahí para dormir. En tanto, Camila llamó para pedir expresamente que no la recibieran. La tarde del día siguiente sufrió una descompensación, realizó múltiples daños al inmueble y, junto con otros niños, protagonizaron una pelea. Minutos después, ya de noche, ocurrió el incendio, donde Jazmín es denunciada por el propio director de la residencia como la autora.

Al siniestro atendieron múltiples compañías y se constituyó en el lugar la jueza de Familia, Katherine González Butcher, quien verificó los daños en el inmueble y decretó diligencias dentro de sus competencias producto de la situación.

Las versiones sobre lo ocurrido son opuestas. Según la acusación del Ministerio Público, ese día la adolescente y otros dos menores agredieron a golpes a una compañera de 14 años; tras ser separada por el personal, habría ido a la habitación de la víctima, sacado el relleno de un peluche, empapado en alcohol y prendido fuego con un encendedor. La defensa lo niega de raíz: sostiene que no existe prueba de que ella iniciara el fuego y que se trató de una quema accidental provocada por otros niños. “No hay ninguna prueba que indique, ni que pueda establecer ni siquiera una sospecha, de que fue Jazmín”, sostiene el abogado Sebastián González.

El patrón regional

El caso no es una excepción. Ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el fiscal regional Cristián Crisosto expuso que Magallanes registró 214 delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes entre 2023 y 2026, concentrados en 72 víctimas, y que la región figura entre las tres de mayor tasa del país. La Corte Suprema, en un fallo regional, habló de “grave desamparo” de víctimas vulneradas bajo resguardo del Estado.

El Servicio de Protección Especializada de Magallanes indicó a El Magallanes que entre 2023 y 2026 presentaron 91 denuncias por posibles casos de explotación sexual que afecten a niños, niñas o adolescentes de la red de protección.

La magistrada del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Katherine González, ha sido testigo de esa evolución desde el tribunal. En agosto de 2025 advirtió que las causas se habían duplicado desde la instalación del tribunal y trazó una línea que ordena buena parte de este reportaje: “Estoy viendo en este minuto que los niños que no fueron atendidos adecuadamente desde el sistema proteccional pasaron a justicia juvenil y ya están en el sistema penal de adultos”. La jueza también apuntó a un vacío estructural: en la región no existe un dispositivo residencial para adolescentes con consumo de sustancias, lo que obliga a derivarlos fuera de Magallanes o a la oferta privada. A eso se suma, advirtió, que las residencias operan sobrepobladas, con más niños de los cupos que la ley les asigna.

Un año antes del incendio, otra adolescente bajo el mismo sistema de protección había sido víctima de explotación sexual comercial durante una salida no autorizada desde un centro residencial. Sus agresores fueron denunciados con nombres y ubicaciones; más de doce meses después, no había órdenes de detención y la víctima con su familia tuvieron que abandonar la región por amenazas en su contra.

Este segundo caso derivó, en marzo de 2025, en querellas por desacato reiterado contra los directores regionales del Servicio de Protección, de Salud y del Senda, por incumplir órdenes del Tribunal de Familia.

Sistema desbordado

El propio Ministerio Público reconoce el punto ciego. Las salidas no autorizadas, es decir cuando las adolescentes dejan la residencia de noche, sin control, son, según la Fiscalía, el momento en que ocurren los delitos. Por otro lado, desde el Servicio de Protección indican que “no tenemos facultades para impedir las salidas”, dado que en Chile no existe un régimen residencial cerrado.

Según informó el Servicio de Protección, al 21 de agosto de 2026, la Residencia Familiar de Adolescencia Temprana –la misma donde vivía Jazmín- tiene capacidad para 15 plazas, pero atiende a 17 adolescentes. La Residencia Familiar para Adolescentes, en tanto, cuenta con 12 plazas asignadas y atiende a 19. Es la confirmación de la advertencia de la jueza González sobre los cupos en residencias.

Hay un dato más que el Servicio confirmó a consultas de este medio. Christian Vásquez Cicarelli, director de la residencia donde ocurrió el incendio, “continúa ejerciendo su cargo y funciones”. Es decir, el mismo funcionario que era tutor legal de Jazmín al momento de los hechos, que la denunció como autora del incendio y que figura como primer testigo de cargo en su contra, sigue al frente del recinto.

El caso ya no se juega solo en tribunales. La Contraloría tramita una denuncia de la familia contra la Dirección Regional del Servicio; la Defensoría de la Niñez fue requerida y derivó los antecedentes a la Región Metropolitana; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos ofició en agosto pidiendo una evaluación sobre las condiciones de protección brindadas a la adolescente durante su permanencia residencial.

La semana pasada, el fenómeno llegó al Senado. Tras escuchar al fiscal regional y al Defensor de la Niñez, la Comisión de Seguridad Pública acordó solicitar la intervención de las dos residencias de protección que operan en Magallanes -las mismas de esta historia- e incorporar la niñez a la agenda legislativa de seguridad. “Es una vergüenza que los menores que están a cargo del Estado hoy estén siendo explotados sexualmente”, afirmó el presidente de la comisión, senador Karim Bianchi, que cuestionó el argumento de que el personal no puede impedir las salidas: el deber de protección del Estado, dijo, “no se agota en el interior del recinto”.

Hoy Jazmín tiene 16 años y vive en Santiago, bajo la tuición de su padre, a la espera del juicio de septiembre. A casi un año del incendio, sigue sujeta a medidas cautelares por un hecho que niega haber cometido. “Nunca debió haber estado en ese lugar. Aquí debían cuidarla y no la cuidaron”, se lamenta Camila, su madre.

Su caso es el de una adolescente que el Estado apartó de su casa para protegerla y que, bajo ese cuidado, fue víctima de explotación sexual y terminó acusada de un delito. La pregunta que deja abierta excede su expediente: qué ocurre en Magallanes con los niños que el Estado toma a su cargo.

Vínculos de dependencia

En su respuesta a las preguntas para este reportaje, el Servicio de Protección Especializada de Magallanes se refirió a las 91 denuncias que han realizado como posibles casos de explotación sexual en la red regional. Esta es parte de su respuesta íntegra:

“Esta situación no se origina al interior de las residencias. Uno de los principales desafíos para abordarlas y prevenirlas es que, en muchos casos, las propias víctimas no se reconocen como tales. Quienes las explotan pueden utilizar el afecto y la  confianza para acercarse, generar vínculos de dependencia y ejercer control. Por eso, para una víctima, el explotador puede ser percibido como una pareja, un amigo o una persona cercana que le entrega cariño y protección. Esto también puede dificultar que acepte una denuncia o identifique esa relación como una situación de explotación.

“Asimismo, un mayor número de denuncias asociadas a residencias no necesariamente significa que estas situaciones se originen en dichos espacios. En muchos casos, estas cifras también reflejan la capacidad de los equipos para detectar estas situaciones, activar los protocolos correspondientes y realizar las denuncias oportunamente”.