En lo alto del Club Andino y en el corazón del Cerro Mirador está ubicada una estación de telecomunicaciones de la Fuerza Aérea de Chile. El recinto militar queda más allá de las pistas de esquí y de las antenas visibles desde la ciudad. Para llegar hasta ahí se requiere caminar poco más de una hora y media a velocidad media y encontrar las estructuras. No obstante, algo que no pasa inadvertido para cualquiera que llegue es las condiciones del cerco perimetral, que poco logra su cometido de impedir la entrada de cualquier merodeador. Así lo pudo constatar un equipo de La Prensa Austral que llegó hasta el recinto. El sendero, recorrido por no pocas personas, despejado hasta arriba en estas fechas para llegar a la estación Cerro Mirador de la Fuerza Aérea de Chile. El diario consultó al Departamento Comunicacional de la Fach por el estado de la base y proyectos de mantención planificados, no obstante indicaron que por “razones de seguridad” no se referirían al tema, ni a las tareas que realizan desde esta estación. La Umag, en colaboración con la Fach, instaló en 2019 varios instrumentos de medición de aerosoles atmosféricos en Cerro Mirador. Entre los objetivos de ese proyecto en específico, ubicado en cercanía al recinto militar, se encuentra la medición de los núcleos de condensación de gotas de nubes y los núcleos formadores de hielo en las nubes. El estado del cerco perimetral faculta a que curiosos senderistas ingresen sin permiso ni autorización al recinto, algo que es comentado por los caminantes del cerro. El roído y oxidado alambrado a duras penas aún se mantiene en el tope del cerco, mientras que a lo largo de todo el perímetro, muchas de cercos simplemente yacen en el piso. Otros pedazos incluso los ha volado el viento metros más allá de su lugar original. Cabe mencionar que la Cuarta Brigada Aérea, responsable de controlar el espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur, cuenta con el Grupo de Telecomunicaciones y Detección Nº3. La labor de este equipo es “emplazar, equipar, operar y mantener en condiciones operativas los sistemas de telecomunicaciones, detección e informática, materializando el mando y control de las operaciones que se desarrollan dentro de la zona jurisdiccional de la IVª Brigada Aérea.

A contar del 30 de marzo de 2026 rigen nuevas disposiciones respecto del ingreso de especies permitidas para la población penal del complejo penitenciario de Punta Arenas. En particular, la prohibición de ingreso de comida preparada para los reclusos los días de encomienda o visitas generó la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra del alcaide del establecimiento, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova. Edgardo Pérez presidió el pasado 16 de marzo una nueva sesión del Consejo Técnico Extraordinario, oportunidad donde se actualizó el listado de artículos autorizados para su ingreso en encomiendas a la población penal, que en Punta Arenas superan los 500 internos. En lo principal, se restringe el ingreso de alimentos a la población penal en horario de visita y sólo se autoriza el ingreso de un pan ya sea con jamón o queso o juntos más una bebida, por visita que ingrese al sector de la guardia interna, además queda prohibido que los internos regresen con alimentos a los módulos, todo esto para evitar posibles intoxicaciones por comidas en mal estado, o plaga de roedores por acumulación de basura al interior de los módulos, además que con esto se reduce considerablemente los tiempos de ingreso de la visita al sector de la guardia interna, teniendo en cuenta la sobrepoblación existente en este momento en la unidad penal. Asimismo, a contar de la misma fecha queda estrictamente prohibido el ingreso de comida preparada los días de entrega de encomienda o visita. Para esto se aumentará de 5 a 10 los sobres de sopas preparadas y 2 sobres grandes de esta misma por interno. En el documento que contiene esta modificación se deja plenamente establecido que a la población penal se le entrega todos los días su desayuno, almuerzo y once, fiscalizados por un nutricionista del respectivo servicio. Además, queda estipulado que los internos que se encuentran con dieta, se les autoriza el ingreso de frutas tales como manzanas, plátanos y peras, todo ello con el certificado correspondiente. Otro de los acuerdos, fue reducir el volumen de las bolsas autorizadas para el ingreso de encomiendas a un máximo de una bolsa por visita, con una dimensión de 45 ó 50 centímetros. También se acordó que el ingreso de visita que concurre al venusterio será en horario de la mañana de 10 a 10,30 horas, y en la tarde de 14 a 14,30 horas. Igualmente se mantiene el listado de electrodomésticos permitidos, así como de artículos deportivos y recreativos, cuyo ingreso se realiza previa autorización de la autoridad competente. Asimismo, se mantiene la nómina autorizada de materiales de trabajo, especies que visará la autoridad interna previa autorización del encargado laboral. Protección El recurso de protección persigue impugnar las nuevas disposiciones carcelarias, acusando una “vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley”. En la presentación legal se plantea que dichas medidas implican una restricción significativa del régimen previo, en especial sobre el ingreso de alimentos preparados -comúnmente denominados “potes de comida”- , los cuales “constituían un elemento esencial dentro del sistema de provisión alimentaria complementaria al interior del recinto carcelario”. Enseguida se sostiene que “estas nuevas disposiciones implementadas suponen un evidente retroceso en relación con el régimen anterior, el cual permitía el ingreso de dos bolsas diferenciadas -una destinada a productos de aseo y otra a alimentos- , así como la posibilidad de introducir alimentos preparados, que cumplían un rol fundamental en la subsistencia de los internos y además permitía el ingreso en el sistema de visitas de una bebida, dos panes, un paquetes de galletas y de snack, algo que se había implementado hace algún tiempo ya que esto se dejó de permitir por la pandemia, luego a raíz de múltiples solicitudes de la agrupación de familiares de privados de libertad, Gendarmería autorizó esos productos, pero con la nuevas medidas fueron limitados a una bebida y dos panes”. En el recurso, se postula que con el objeto de cautelar de manera urgente y eficaz las garantías presuntamente inculcadas por las nuevas disposiciones respecto de la población penal de Punta Arenas, se decrete orden de no innovar, a objeto que se disponga la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo en cuestión, instruyendo a Gendarmería de Chile a abstenerse de aplicar las restricciones actualmente vigentes relativas al ingreso de productos mediante encomiendas y visitas, especialmente aquella que limita dicho ingreso a una sola bolsa, por cuanto tal restricción incide de manera directa y significativa en la cantidad y calidad de los alimentos que pueden recibir las personas privadas de libertad. El recurrente se identifica como el recluso Juan Aravena Navarrete, condenado, cuya hoja de vida carcelaria registra sanciones disciplinarias por la tenencia de teléfonos celulares en su celda y envoltorios con marihuana y su participación en el robo de tres notebook -junto a otros dos reclusos- desde el Colegio Andino que funciona al interior del mismo complejo penitenciario. Un recurso anterior A mediados de abril, la Ong Ecos de Libertad promovió un recurso judicial en los mismos términos, a favor de la población femenina y masculina de la cárcel local, sin embargo los ministros de la Corte de Apelaciones local lo declararon inadmisible, bajo el argumento que “no se trata de una acción popular que pueda interponese por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido”.

La imposibilidad de salir de Chile dejó de ser un problema administrativo para transformarse en una experiencia límite para familias migrantes, especialmente las venezolanas, en Magallanes, que hoy viven atrapadas entre la incertidumbre y la desesperación. Sin documentos en regla, sin opciones para regularizarse y sin mecanismos que les permitan regresar a su país, muchas personas enfrentan un encierro que impacta su salud, sus vínculos familiares y su estabilidad económica, obligándolas incluso a considerar rutas ilegales para poder salir. Así mientras en las vocerías y en los discursos del gobierno se repite con virulencia que deben irse, en la práctica, la exigencia de documentos vigentes para viajar, la ausencia de representación consular que permita renovarlos y la aplicación de criterios restrictivos en aerolíneas han configurado un bloqueo que impacta directamente en sus condiciones de vida. Desde Punta Arenas, Joxsedith Albarracín describe cómo esta situación atraviesa a su familia. Sus padres llegaron hace tres años con la intención de acompañarla durante el nacimiento de su hija, pero hoy buscan regresar definitivamente a Venezuela. La decisión, según relata, dejó de ser una opción para transformarse en una urgencia marcada por el deterioro emocional de sus padres. “Ya están desesperados. Mi papá está mal, llora, le dice a mi hermano que está allá, que él se quiere ir, que no quiere estar aquí”. El contexto familiar agrava el escenario. Su abuela, madre de su padre, permanece en Venezuela con cerca de 98 años y problemas de salud, lo que intensifica la necesidad de retorno. Sin embargo, los intentos por salir del país no han dado resultados. “Hemos ido a Latam, fuimos a Sky y no dejan salir”, sostuvo, dando cuenta de una barrera que no logra resolverse pese a las gestiones realizadas. A ello se suma la edad de sus padres, ambos sobre los 60 años, lo que descarta alternativas informales o trayectos extensos. “Mi mamá tiene 64 años y mi papá 67. No están como para hacer un viaje así”, afirmó. Las opciones que han evaluado implican recorridos por varios países, incluso por pasos no habilitados, con tiempos prolongados y sin garantías, lo que para la familia resulta inviable. La experiencia de Albarracín también evidencia pérdidas económicas. Tras adquirir pasajes para viajar dentro de Chile con su familia, no pudo abordar el avión pese a contar con cédula de identidad vigente. “Cuando llegamos al aeropuerto, no nos dejaron subir y perdimos la plata. Nos dijeron que era una orden y que no podíamos viajar con pasaporte vencido, ni dentro ni fuera de Chile”, relató. Aunque inició el proceso de devolución, sólo recibió 40 mil pesos correspondientes a tasas de embarque, sin obtener respuesta por el resto del dinero. Otro testimonio En Puerto Natales, Meibel Pirela Pérez enfrenta un escenario similar, aunque en su caso el obstáculo se manifestó en un intento de viaje dentro del país. Tras más de cinco años en Chile, decidió aprovechar sus vacaciones para viajar a Santiago y reunirse con familiares, pero no pudo concretarlo. “Compré un pasaje para viajar el 12 de julio y la aerolínea no me deja embarcar porque tengo mi pasaporte vencido”. Su situación se complejiza por su condición migratoria. Ingresó al país en 2020 por un paso no habilitado (Colchane) y es que si bien, en ese momento tenía pasaporte vigente, no era posible gestionar una visa en Venezuela. Desde entonces ha intentado regularizarse, proceso que aún no logra concretar. En ese contexto, asegura que buscó orientación antes de comprar el pasaje, incluso consultando a la PDI, donde -según relata- le indicaron que podía viajar al tratarse de un trayecto nacional. Sin embargo, al momento de embarcar, la respuesta fue distinta. “Fui a la oficina de la aerolínea y me dijeron que no podía viajar”, señaló, evidenciando la falta de criterios uniformes entre instituciones. A su juicio, el principal problema radica en la ausencia de información clara al momento de adquirir los pasajes. “Si en la página dijera que no se puede viajar con pasaporte vencido, uno no hace el gasto”. La frustración se acentúa por la pérdida económica que implica este tipo de situaciones. En su caso, intentó gestionar cambios o devoluciones, pero se encontró con costos adicionales y respuestas poco claras. Para Meibel, la imposibilidad de desplazarse no sólo afecta un viaje puntual, sino que refuerza una sensación de encierro, reflejando una percepción que se repite en otros testimonios y que da cuenta de una problemática que trasciende lo administrativo para instalarse en la vida cotidiana de quienes la enfrentan. Volver por un paso no habilitado En los casos más extremos, la falta de alternativas legales ha empujado a algunos migrantes a salir del país por vías irregulares. Hasta el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami) concurrió una familia pidiendo ayuda para volver. Su testimonio da cuenta de una travesía marcada por la precariedad. Tras perder el dinero invertido en un vuelo, la familia debió permanecer cerca de dos semanas en Concepción reuniendo dinero para continuar el viaje. Parte de su familia, tuvo que devolverse por no contar con recursos suficientes y seguir trabajando de manera irregular para después de unos meses poder intentar volver nuevamente. Esta familia intentó inicialmente realizar el proceso por vías formales, incluso solicitando autorización a un juez para poder viajar en avión. Sin embargo, las restricciones se mantuvieron dado que no hay vuelos directos a Venezuela y no se permite viajar por tierra, además, no se le permitió salir con un menor de edad, exigiéndole nuevas autorizaciones que no pudo obtener. Frente a este escenario, decidió abandonar el país por un paso no habilitado en la zona norte (Colchane). Durante el trayecto, expuso que debió enfrentar múltiples riesgos, incluyendo la necesidad de negociar para poder avanzar en la ruta. El viaje se extendió por distintos países, resolviendo cada etapa sin certezas ni apoyo. En medio de ese recorrido, el menor que lo acompañaba sufrió una descompensación en Bolivia debido a la altura. Pese a ello, continuaron el trayecto en condiciones precarias. El relato también evidencia que esta decisión no responde a una elección, sino a la falta de alternativas y el impacto posterior a estos procesos. En algunos casos, las personas quedan sin redes, sin vivienda y sin trabajo en Chile porque buscan volver a su hogar. A nivel organizacional, la representante de Incami Vanessa Guerrero advirtió que este tipo de situaciones ha ido en aumento, con un crecimiento sostenido de consultas de personas que buscan regresar a Venezuela sin encontrar mecanismos que lo permitan, ni apoyos necesarios. Según planteó, la falta de alternativas legales está generando un escenario donde las familias quedan atrapadas. En ese contexto, han buscado apoyar a quienes viven este proceso.

Los clubes Ken Shin Kan Magallanes y Kenshokan Punta Arenas participaron con éxito en la Copa Río Turbio, certamen que se llevó a cabo el sábado reciente en la localidad santacruceña, donde también se dieron cita delegaciones de 28 de Noviembre, Río Gallegos y Puerto Natales. Los maestros de los representativos de nuestra capital regional destacaron “el espíritu deportivo” de sus dirigidos, “lo que les permite seguir preparándose para el zonal clasificatorio a disputarse en el mes de agosto en la ciudad de Puerto Montt”. Asimismo, agradecieron el apoyo de los apoderados y la invitación de la Escuela de Río Turbio. RESULTADOS Los clubes puntarenenses, que pertenecen a la Asociación Deportiva de Karate Magallanes, lograron posicionarse en el podio de las categorías kata y kumite gracias al desempeño de los siguientes competidores: Kenshokan Punta Arenas Bruno Barría: primer lugar kumite infantil. Trinidad Carcovich: primer lugar kumite U-14. Daniel Cárdenas: primer lugar kata masters. Ken Shin Kan Magallanes Valentina Muñoz: segundo lugar kumite infantil. Santiago Díaz: segundo lugar kumite cadetes. Joaquín Penen: segundo lugar kata junior. Iván Muñoz: segundo lugar kata masters.

Un importante reconocimiento a su destacada trayectoria recibió la entrenadora magallánica Sandra Moreno al ser invitada para formar parte del cuerpo técnico nacional en el reciente Panamericano Senior de Judo que se efectuó en Panamá y también para asistir a la concentración que se llevó a cabo en Brasil. Son más de tres décadas formando generaciones de judokas y así lo entendió la Federación de Judo de Chile para premiar a la técnico de nuestra región por tantos años de esfuerzo para posicionar a los deportistas locales entre los más destacados del concierto chileno y también internacional. En el país centroamericano, Sandra Moreno integró el cuerpo técnico con Rafael Romo, otro destacado exponente del judo magallánico (actual integrante de la comisión técnica nacional) y el entrenador Raúl Vergara. La ocasión también fue propicia para participar en una clínica de arbitraje internacional junto a Romo en suelo panameño y previamente visitaron Belo Horizonte para marcar presencia en un concentrado, donde también estuvo presente el destacado judoka magallánico Jorge Pérez, quien luego asistió al Panamericano Senior. Consignar que, si bien el deportista no logró subir al podio, sigue siendo uno de los grandes referentes nacionales en la elite del judo. SATISFACCIÓN Al comentar su presencia en el cuerpo técnico chileno, Sandra Moreno se mostró orgullosa. “Es un reconocimiento enorme al trabajo que he desarrollado durante años formando jóvenes y enviando deportistas a selecciones nacionales”, enfatizó. Dijo que su constante presencia “en capacitaciones, incluyendo cursos técnicos de alto nivel, como el de Soi, el de la IJF y cursos de certificación nacional” también ha sido motivo de satisfacción y le ha servido para potenciar su labor como técnico. “Es un orgullo que mi trabajo se vea reflejado en esta nominación”, complementó la técnico puntarenense, agradeciendo “el respaldo de mi familia, el constante apoyo de mi club, Yama Harashi, y las gestiones realizadas por la Federación de Judo de Chile”.

Una nueva edición de la Corrida Día del Trabajador se llevó a cabo el pasado 1 de mayo en la Avenida Costanera. La participación superó el medio millar de atletas, dejando imágenes que reflejaron el entusiasmo de los competidores y competidoras que se dieron cita en la prueba organizada por el Canal Deportivo Laboral.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico. El Mandatario lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst. "Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes», avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es «una de las mayores maniobras militares jamás realizadas", citó un informe de la agencia Efe. El Presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto «mucho más maleable» a lo largo de las negociaciones de paz.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al ajuste fiscal impulsado por el gobierno e hizo hincapié en la revisión de políticas como el Crédito con Aval del Estado (Cae) y el programa de alimentación escolar de Junaeb. En diálogo con el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado defendió el proceso de cobro a deudores y sostuvo que “la ley del Cae es un beneficio social, pero no pagar el Cae no es un beneficio social“. Bajo esa línea, dijo que el Ejecutivo cruzó información tributaria para detectar incumplimientos. “Cruzamos los datos del Servicio de Impuestos Internos con los deudores (…) y se empezó a cobrar, y ese cobro va a generar un impacto en las cuentas fiscales muy significativo”, explicó. Además, subrayó que el proceso no sólo tiene por objetivo recuperar recursos, sino también corregir distorsiones en el sistema. “Cuando uno examina cómo se están haciendo las cosas, descubre situaciones que obligan a actuar”, expresó y enfatizó que el objetivo es evitar abusos, así como mejorar el uso de recursos públicos. Respecto al programa de alimentación escolar, el ministro descartó que exista la intención de eliminarlo. Sin embargo, planteó críticas a su funcionamiento. “Aquí ningún niño que reciba este beneficio se va a quedar sin su ración“, aseguró. En ese sentido, advirtió que hay problemas estructurales que justifican una revisión. “Hay cosas de diseño (…) por ejemplo, el que chequea que la ración que entra es la que el Estado está pagando no depende de la organización que compra, sino de un funcionario del establecimiento”, sostuvo. De acuerdo a Quiroz, este tipo de irregularidades afecta a la trazabilidad del gasto público. “En cualquier sistema donde no hay control claro entre lo que se paga y lo que se recibe, al menos hay un porcentaje de ineficiencia”, dijo. También, planteó que eventuales cambios buscarán optimizar el programa y no reducir su alcance. “Donde quisiéramos estar es que sean mejores raciones, que les gusten más y que estén mejor atendidos”, zanjó. biobiochile.cl

Pulso Ciudadano y Criteria publicaron sus mediciones en donde se evidencia el aumento de la desaprobación del Mandatario, la cual supera el 50% en ambas. Nuevos resultados de las encuestas Pulso Ciudadano y Criteria se dieron a conocer este domingo, las cuales realizaron una medición acerca de la evaluación que los chilenos hacen a la gestión del Presidente José Antonio Kast y su gobierno. De acuerdo con los resultados, los dos sondeos entregaron respuestas dispares frente a la evaluación de la administración. Y es que, por un lado, en Pulso Ciudadano el Mandatario registró su nivel de aprobación más bajo desde que asumió el cargo, con un 29,1% que aprueba su gestión, frente a un 55,6% que la desaprueba. Comparado con la medición de hace dos semanas, en donde obtuvo un respaldo del 33,3%, la caída es de 4,2 puntos porcentuales, marcando una tendencia sostenida a la baja. Más no, en Criteria el panorama fue distinto, ya que la aprobación de Kast se mantuvo en 38% en ese sondeo. Sobre la desaprobación, esta subió dos puntos para alcanzar un 51%. Respecto al manejo de la situación de emergencia, un 43% evalúa el camino del gobierno como incorrecto, mientras que un 37% lo respalda. Pulso Ciudadano De acuerdo con la aprobación del gabinete ministerial, esta también marcó un retroceso en Pulso Ciudadano. Se sitúa en un respaldo de 24,1%, mientras el 62,7% desaprueba la labor de los ministros y ministras. En otro de los temas, la encuesta consultó en qué áreas ministeriales se deberían proteger los recortes presupuestarios que ha llevado el gobierno, como una forma de amortiguar el déficit fiscal. Frente a ello, la salud pública es el área con mayor consenso ciudadano para ser protegida, con un 87,7%. Es seguida de educación, con un 79,2% y seguridad, con un 70,7%. En el extremo opuesto, el aparato administrativo del Estado es señalado por el 42,9% como el área prioritaria para recortar. En esa misma línea de preguntas, el 48,7% de los consultados considera “muy necesario o necesario” reducir el gasto público en este momento, mientras el 28,6% lo considera “poco o nada necesario”. En respuesta a los principales problemas del país, la delincuencia continúa siendo el más mencionado, con un 46,5%, aumentando 3 puntos en 15 días. La inflación y alza de precios se mantiene en segundo lugar con 33,4%, consolidando el giro económico observado desde el alza de combustibles de marzo. Criteria Por otro lado, los resultados de Criteria se complementan con otras consultas. En cuanto a la aprobación de los partidos de oposición, esta cayó 3 puntos desde marzo, situándose en un 22%. Su desaprobación sube 8 puntos, llegando a un 59%. Sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 83% declara haber leído o escuchado al menos algo sobre la iniciativa, 4 puntos más que la semana anterior. Frente a este, un 36% se declara a favor, un 33% en contra y un 31% no tiene posición definida. Sobre su impacto, un 37% cree que sería positivo para el país y un 35% que sería negativo. Respecto a las percepciones sobre el gasto público de los consultados, un 59% considera que el Estado gasta sus recursos de manera ineficiente —sin variación respecto de marzo—, mientras un 24% lo evalúa como eficiente. Un 17% no tiene opinión clara. Emol

Durante la madrugada de este domingo, personal de Carabineros cursó una infracción por “ruidos molestos” a la senadora socialista, Danisa Astudillo, de la Región de Tarapacá. Según los antecedentes recopilados por Biobío, el procedimiento se originó luego de que el Plan Cuadrante N° 5 de la Cuarta Comisaría Cavancha recibiera un llamado de los vecinos denunciando “música a alto volumen” en el sector. A raíz de lo anterior, los uniformados llegaron en primera instancia hasta el domicilio de la parlamentaria para solicitar la disminución del volumen de manera preventiva. Sin embargo, los ruidos continuarían. Tras no obedecer a la primera visita, a las tres de la mañana, Carabineros recibió un nuevo llamado alertando la misma situación. Razón por la cual los efectivos concurrieron nuevamente al domicilio verificando en terreno que la música continuaba a alto volumen , haciendo caso omiso a la advertencia previa.. Ante esta reiteración, el personal uniformado procedió a cursar la infracción correspondiente. La senadora fue formalmente notificada y recibió la boleta de citación para comparecer ante el juzgado respectivo por esta falta a la convivencia vecinal. biobiochile.cl

La ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, abordó distintos temas haciendo énfasis en que le den tiempo de trabajo al gabinete y pide un plazo “por lo menos de aquí a fin de año” para ver resultados de sus gestiones. En conversación con La Tercera, Steinert defendió el trabajo del gobierno, asegurando que “ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”. Respecto a las acciones que ha hecho el gobierno en materia de seguridad, la exfiscal se defiende, afirmando que las acciones han ido enfocadas en ‘recuperar las calles’, refiriéndose a fronteras, rutas, plazas, puertos, cárceles, etc. “Esto se ha hecho de manera concreta, con operativos que se han realizado desde el primer momento coordinados por el Ministerio de Seguridad. Aquí no se trata solamente de la detención de personas, sino que también de la incautación de drogas, armas y vehículos que estaban robados. Hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio, y que nunca más estas organizaciones criminales estén en esa disputa y que se marque la presencia del Estado. Pero los resultados no van a ser inmediatos”, insistió. Agregó que “muchos han dicho que los operativos ya se hacían. Sí, pero no en la forma en que los estamos diseñando, que es Carabineros trabajando junto a Investigaciones en el caso del norte o en puertos o caletas, con policía marítima y otros actores del Estado, como Senda o servicios de Salud. Estamos abordando el fenómeno criminal en su conjunto. Y eso ya es una diferencia”. Consultada sobre plazos para ver resultados, Steinert aseguró que “Entiendo la ansiedad, la comparto, pero con los pies en la tierra y con sentido común debemos señalar que tenemos estrategia y está siendo implementada (…) Un plazo razonable, diría que por lo menos de aquí a fin de año”. Sin embargo, hizo una autocrítica a los cerca de dos meses que lleva como ministra de Seguridad: “Hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo. Como fiscal llevaba a cabo mi investigación, llevaba a juicio oral y no comunicaba por la sentencia. Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo”. Consultada sobre que una de las soluciones para los problemas en términos de seguridad es aumentar las penas en los delitos, aseguró que “No, lo que creo es que en algunos delitos es necesario que no se impongan las penas mínimas. Esa es mi visión. Y lo hacemos a través, por ejemplo, de las agravantes solicitadas en los delitos cometidos al interior de los establecimientos educacionales”. biobiochile.cl

El equipo ECOH de la Fiscalía y la PDI investigan una presunta balacera en San Ramón que dejó dos hombres fallecidos y una mujer internada en riesgo vital. Los hechos quedaron al descubierto cuando, en la esquina de las calles Mariano Latorre con Ismael Tocornal, se encontró un vehículo con una persona al interior fallecida por impactos balísticos. En paralelo, al Hospital Padre Hurtado llegó una mujer baleada, que presuntamente es dueña del móvil referido y tuvo que ser internada en riesgo vital; y, posteriormente, arribó al mismo centro asistencial un tercer sujeto herido, que finalmente murió. "Son tres víctimas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino. Los dos hombres se encuentran fallecidos. Todos son chilenos. Los hombres tenían 19 y 39 años, y la mujer 46", precisó el fiscal ECOH Sebastián Gana. "Son personas que, aparentemente, son de este sector, pero no tenemos claridad si se trata de bandas (criminales) o no. En el sitio del suceso hay evidencia balística, son alrededor de siete u ocho" muestras, agregó el persecutor. Una de las principales hipótesis del Ministerio Público es que todo ocurrió luego de un presunto intento de ingreso a una vivienda, lo que motivó una discusión entre las partes que causó que el dueño alerte a su entorno cercano y, luego, se originase un enfrentamiento armado. biobiochile.cl

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el sistema universitario nacional sufre el ajuste más brutal de su historia reciente, con un recorte de más de 40% en los salarios docentes, cierre de comisiones, laboratorios sin insumos, obras paralizadas y menor cantidad de becas para alumnos. Argentina se destacó siempre en la región por ser el país de las universidades públicas, gratuitas y de calidad. Por recibir a miles de estudiantes de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, que eligieron Buenos Aires o Córdoba para formarse como médicos, abogados o ingenieros, a costo cero. Esa ventaja comparativa —que construyó generaciones y atrajo talentos— está hoy en disputa. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el sistema universitario nacional sufre el ajuste más brutal de su historia reciente, con un recorte de más de 40% en los salarios docentes, cierre de comisiones, laboratorios sin insumos, obras paralizadas y menor cantidad de becas para alumnos. Valentina tiene 23 años y cursa el tercer año de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (Uba). Este año se postuló, por primera vez desde que entró a la carrera, para pedir una beca. “Siempre estuve bastante justa, pero hasta el año pasado me alcanzaba para los colectivos y la comida. Este año, ya no llego. Y mirá que vivo con mi mamá”, cuenta en diálogo con BioBioChile. Como le rechazaron la beca, Valentina evalúa cursar menos materias, para poder liberar horas en las que podría trabajar. “No puedo seguir al ritmo que venía. Y tampoco sé si la facultad va a seguir igual el año que viene”, lamenta. Los números del desfinanciamiento El presupuesto universitario cayó un 36,4% en tres años desde que asumió Javier Milei como Presidente de Argentina, de acuerdo al Informe de Situación del Sistema Universitario elaborado por Fedun y el Ciicti. El financiamiento pasará de representar del 0,72% del Pib en 2023 al 0,43% este año. Las universidades nacionales perdieron, en términos acumulados, el equivalente a más de un año entero de financiamiento desde que asumió el gobierno actual. El grueso del ajuste cayó sobre los salarios docentes y no docentes—que representan el 86,9% del gasto universitario—, con una reducción presupuestaria del 43,2% entre 2023 y 2026. Alrededor del 75% del personal universitario percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. “Es cada vez más difícil ocupar las comisiones, y hay muchas que se tienen que cerrar. Eso implica menos oferta horaria, cursos hacinados, y recursos humanos valiosos que se van del sistema público”, describe en diálogo con BioBioChile Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). El recorte también se produjo en los gastos de funcionamiento, que cayeron 57,1%, y programas enteros prácticamente desaparecieron: el presupuesto para Fundar, destinado al financiamiento de la investigación científica y tecnológica, se redujo un 89,7%; para el Desarrollo de Proyectos Especiales, orientado a iniciativas innovadoras y estratégicas, un 91,6%; y la Promoción de Carreras Estratégicas, que impulsa la formación en áreas clave como ingenierías y ciencias, un 77,4%. “No se dejó de hacer nada del todo, lo que pasa es que se va deteriorando el funcionamiento de la universidad de una manera sistemática y progresiva”, continúa Pinazzo, que describe el accionar del gobierno como un “ajuste de pinzas”, que impacta en la renovación de equipos de laboratorio, obras de la universidad o hasta la reposición de proyectores o bancos si se rompen. Efectos visibles en las aulas Paloma Estigarribia se recibió el año pasado en Comunicación Social en la UNQ. “Antes había muchos horarios para anotarte a materias. Pero ya no más, ciertas cátedras se cerraron y, sobre todo, profesores muy buenos que yo pude aprovechar en la cursada, tuvieron que irse al sistema privado”, cuenta a BioBioChile. Las condiciones edilicias también lo reflejan: “El invierno pasado, mi último año de cursada, sentí el frío en el aula, porque la universidad está en modo ahorro. Ibas al baño y faltaba papel higiénico, antes no pasaba eso”. Cuenta que, desde que entró a la universidad, hubo momentos de ajuste, pero el año pasado fue de lo peor. “Hice mucho esfuerzo para terminar con la carrera, porque no sabía que iba a pasar con la Universidad. Todavía no lo sé, la verdad. Yo soy primera generación universitaria en mi familia; no tengo plata para pagarme esta carrera en una universidad privada”. Los aranceles mensuales de la carrera de comunicación van de 400.000 a 1.000.000 de pesos por mes (entre 390 y 970 dólares al tipo de cambio oficial), dependiendo la universidad. Para una familia de clase media, o para la primera generación universitaria de un hogar —que es el perfil mayoritario en las universidades nacionales que no son la Uba—, esos valores son prohibitivos. Daniel Fihman, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), agrega que más del 80% de los alumnos de la universidad trabaja o busca empleo. “Lo que estamos observando es un aumento significativo de las dificultades para sostener la cursada: problemas para afrontar los costos de transporte, para acceder a una alimentación adecuada, para adquirir materiales de estudio”. Una ley ignorada El conflicto por el financiamiento universitario se da no solo en las aulas, sino también en el Congreso. En agosto de 2025, diputados y senadores aprobaron la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, que contemplaba una recomposición presupuestaria y una recuperación del salario docente acorde a la inflación. El Poder Ejecutivo vetó la norma semanas después. Sin embargo, el Congreso insistió en su aprobación, dejándola firme. Aun así, el Gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto, argumentando la falta de partidas presupuestarias específicas. La decisión fue judicializada y, en diciembre de 2025, un fallo ordenó al Estado cumplir con la ley. En lugar de implementarla, el gobierno envió en febrero de 2026 un proyecto para modificarla, con una propuesta de aumentos significativamente menor a la establecida originalmente. Según el análisis de una consultora privada, si la ley hubiera sido aplicada, el presupuesto salarial habría crecido un 36,3% real respecto de 2025, ubicándose apenas 2,7% por debajo del nivel de 2023. El proyecto del Ejecutivo, en cambio, propone aumentos del 4,1% en tres cuotas trimestrales, totalizando un 12,3% en el año —insuficiente incluso para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada de 20,3% hasta septiembre. Un futuro en disputa En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (Cin) convocó hace pocos días a una cuarta marcha federal universitaria para el próximo 12 de mayo. Desde la Universidad Nacional de Quilmes, su vicerrector Daniel Fihman plantea una mirada apoyada en el plano institucional: “El Parlamento argentino, a partir del fuerte reclamo de la sociedad en su conjunto, ha decidido financiar el sistema universitario y ha dispuesto los recursos para ello. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo Nacional se niega a cumplir la ley. No imaginamos una Argentina sin futuro y no imaginamos un país en el que no se cumpla la ley.” Germán Pinazo advierte sobre los riesgos si la situación se prolonga: “Si el gobierno sigue con este desfinanciamiento sistemático, el panorama es muy desalentador. No quisiera ser tremendista en las declaraciones, pero está en riesgo el sostenimiento de la educación superior en Argentina”. biobiochile.cl

El Papa León XIV denunció este domingo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la frecuente violación de este derecho en todo el mundo y ha recordado a los “numerosos” periodistas víctimas de los conflictos y la violencia. “Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa patrocinado por la Unesco. Lamentablemente este derecho es a menudo violado, a veces en un modo flagrante y otras oculto”, lamentó desde la ventana del Palacio Apostólico por el rezo del “Regina Caeli”, que sustituye al Angelus en periodo pascual. En este sentido, el pontífice estadounidense, que el próximo viernes cumplirá un año desde su elección, también recordó a “los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia” en todo el mundo. Las Naciones Unidas dedican cada 3 de mayo a la libertad de prensa como un derecho “fundamental” para la paz y los derechos humanos. En su último informe de tendencias mundiales entre 2022 y 2025 se ha registrado el mayor declive para la prensa desde 2012. Pero también por “las crecientes amenazas a la seguridad de los periodistas, que se ceban de manera desproporcionada en las mujeres. La creciente instrumentalización de la legislación para reprimir el periodismo independiente y el alarmante aumento de los periodistas obligados a exiliarse”, como señala el informe. Por otro lado, León XIV recordó ante los cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro que el mes de mayo está consagrado a la Virgen María, confiando a su intercesión sus oraciones “por la comunión en la iglesia” y “la paz en el mundo”. Cooperativa